Contribuir a la consolidación de una cultura de la legalidad, prevención, combate y erradicación de actos y hechos de corrupción en el Congreso del Estado de Sinaloa, de la transparencia en la función constitucional de este Poder y al mejoramiento de su desempeño institucional, respectivamente, en base a una correcta gestión institucional y la mejora continua de sus procesos.
Programar, diseñar e implementar auditorías contables, financieras y administrativas, así como evaluaciones a las áreas del Congreso y proponer medidas preventivas o correctivas que permitan el cumplimiento de la normatividad y los principios que rigen el gasto público en todos los procedimientos administrativos aplicables;

Revisar que las áreas del Congreso y las personas servidoras públicas que en él se desempeñan cumplan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

Practicar las investigaciones por el probable incumplimiento de normas jurídicas y/o disposiciones administrativas, así como por la omisión en el cumplimiento de obligaciones de las Personas Servidoras Públicas que deriven de denuncias presentadas, de auditorías o evaluaciones practicadas, de oficio o por promoción de responsabilidad administrativa emitidas por órganos fiscalizadores.

Llevar la substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa a partir de la recepción del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y emitir resolución de sanción por las conductas que constituyan faltas administrativas no graves.

Llevar el registro dentro del sistema de evolución patrimonial mediante la verificación aleatoria, así como implementar las acciones de mejoras necesarias para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales a cargo de los Servidores Públicos del Congreso e intervenir en los procesos de Entrega - Recepción que se generen.

Proponer el diseño, actualización y mejora de políticas y procedimientos a las del Congreso del Estado, que promuevan la mejora continua y el desarrollo institucional, teniendo especial cuidado en aquellas áreas o funciones susceptibles o proclives a que se comentan actos de corrupción o de conflictos de interés fortaleciendo la rendición de cuentas institucional.
